El próximo 30 de enero hemos de movilizarnos, haciéndonos eco de las reivindicaciones del movimiento de pensionistas en todo el Estado, especialmente, en apoyo de la Huelga General convocada en Euskadi y Navarra.
Esta huelga, legalizada por los sindicatos de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria (ELA, LAB, ESK, CNT, Etxealde Steilas e Hiru) y convocada por sus más de 100 organizaciones, fruto de un proceso coherente, no ha merecido, sin embargo, el concurso de CCOO y UGT. Ellas verán.
Porque en los últimos 25 años observamos cómo se recortan, cada vez más, nuestros derechos laborales, salariales y sociales gracias al voraz capitalismo que mercadea con nuestras vidas a base de eufemismos como “movilidad”, “creación de empleo”, “competitividad del mercado”, etc.
Pero nos cuesta reaccionar ante esta gran farsa. Cocinándonos a fuego lento, esta trama impide que saltemos escaldadas ante lo que es el robo de las pensiones, potenciando los Planes de Pensiones privados y/o de empresa, que no son más que otro engaño a los trabajadores y trabajadoras: un plan para engordar las barrigas del capitalismo financiero y de los sindicatos amarillos del sistema que forman parte y participan con su firma de este entramado del que obtienen grandes beneficios.
Por si no bastara la perversa maniobra de separar las pensiones de los Presupuestos Generales del estado, el Pacto de Toledo -sirviéndose de un valor social como la solidaridad para con las personas que trabajaron toda su vida- simplificó el sistema, a gusto de aquellos que persiguen la descapitalización y aniquilación del sistema. Pero es algo más que una simplificación, es algo imprescindible para que traguemos el abandono de la responsabilidad que tiene el propio estado en garantizar los derechos de toda la población y la capacidad del mismo para solucionarlo.
Se trata de un plan parecido al que ya se ha realizado, y se pretende afianzar cada vez más, en otros sectores fundamentales para la clase obrera, y que deberían ser un derecho intocable para todas y todos, como vivienda, educación, sanidad, transportes, servicios sociales, dependencia,… y garantizados por el Estado mediante un sistema público y potente de servicios sociales. Por el contrario, lo que se está haciendo es minar la estructura social básica para luego argumentar sus pérdidas y deficiencias. Argumento que luego esgrimen para justificar la inyección de capital privado.
¿De dónde sale este mismo capital privado? Pues sale de la misma fuerza de trabajo que cada una invertimos en este complejo sistema para beneficio de unos pocos bolsillos que, hambrientos de poder, reutilizan esta productividad contra la población, aumentando sus beneficios privados e individuales.
No necesitamos planes de pensiones privados e individuales. Ya tenemos un plan de pensiones: Se llama Sistema Público de Pensiones. El único que puede garantizar una pensión vitalicia, una redistribución de la riqueza y una protección contra la especulación.
Y, además, recordemos que ni siquiera el Pacto de Toledo ha sido respetado en una de las pocas cuestiones razonables que planteaba: el ajuste de las pensiones al encarecimiento de la vida (IPC). La congelación funcional perpetrada por la reforma de 2013 supone poner a los pensionistas de ahora y de mañana en riesgo de pobreza en estos días de invierno social.
Y no podemos olvidar las deficiencias del mismo: como la enorme brecha salarial y en pensiones sufrida por quienes toda su vida padecen diferencia salarial o marginación laboral: las mujeres de las clases más desfavorecidas, pues -tras dos Huelgas Generales Feministas- sigue habiendo diferencias en pensiones, según género, ya sean contributivas, de viudedad o no contributivas.
Este sesgo en las pensiones no es una sorpresa: A día de hoy, es consecuencia de las peores condiciones laborales de mujeres, de la mayor precariedad: Copando las estadísticas de contratos a tiempo parcial, por familiares a cargo, acumulados en toda la vida laboral.
Y también pasa desapercibida en esta cocción a fuego lento, el efecto de la migración, que simplemente por el hecho de serlo, ve mermadas, cuando no eliminadas, sus posibilidades de adquirir unos mínimos derechos que garanticen su situación presente y futura. La precarización de las sin clase evade impuestos y cotizaciones a base de trabajos sin contrato, sin derechos, sin protección y sin futuro. Ser migrante, ya es sinónimo de precariedad.
Y qué decir de las reformas laborales y de pensiones de 2012 y 2011 respectivamente, poniendo nuevas trabas, exigiendo más años de cotización, retrasando la jubilación y forzando un aumento de años de cotización que chocan con un “mercado de trabajo” que dificulta el mantenimiento del puesto de trabajo por abaratamiento del despido, con salarios de miseria, obstaculizando que millones de hombres y mujeres trabajadoras puedan subsistir dignamente, y donde el fraude empresarial es el rey.
Sí, este mercado de trabajo nos identifica como productos desechables e intercambiables que pueden ser devaluados en cualquier momento a través de la degradación del contrato indefinido en otros de menor coste para el empresariado: contratos de prácticas, de formación y aprendizaje, temporales, fijos-discontinuos y de relevo, de obra y servicio, etc.
Entonces: ¿Quién será capaz de cotizar para tener derecho a una pensión íntegra? ¿Quién será capaz de ahorrar para pagar sus “espléndidos” planes privados?: Nosotras, no.
Compañeras, compañeros:
La lucha por unas pensiones dignas no es una lucha de mayores, es nuestra lucha, la lucha por la defensa y conquista de nuestros derechos de toda una clase social que produce la riqueza que disfrutan unos pocos porque ahora nos quieren arrebatar y negar cualquier derecho, incluido el modesto ingreso por el esfuerzo de toda una vida.
POR LA GARANTÍA Y LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
Exigimos a las instituciones públicas garantizar pensiones públicas, dignas, justas y suficientes.
° Garantizar el sistema público de pensiones y su financiación mediante:
° Creación y mantenimiento de empleo estable y de calidad
° Mejora de las cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los empresarios
° Equidad fiscal
° Auditoría Social
° Garantizar pensiones públicas dignas y suficientes:
– Derogación de los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013
– Derogación de las reformas laborales
– Revalorización automática de las pensiones en función como mínimo del IPC real, garantizada por ley
° Pensión mínima de 1080€
° Salario Mínimo Interprofesional de 1200€
° Acabar con la desigualdad de género en salarios y pensiones:
– A igual trabajo, igual salario– Pensión de viudedad 100% base reguladora
° Jubilación anticipada sin penalizar
° Derogación del copago sanitario y el medicamentazo
° Erradicar la pobreza energética
° Controlar mercado de vivienda
° Participación de las personas pensionistas en las decisiones que nos afectan
Bloque de Clase y Combativo, Enero 2020
